Para determinar la presencia de actores armados en la región se llevó a cabo un análisis sistemático de prensa nacional, regional y comunitaria correspondiente al año 2025. De igual manera, se realizó el cruce de los informes más recientes de INDEPAZ, Ideas para la Paz (FIP) y PARES desde el año 2024. Esta triangulación permitió ampliar el panorama territorial y proyectar una lectura acumulada y rigurosa de la conflictividad armada en el Catatumbo.

El equipo de Sin Olvido define la presencia de actores armados como toda manifestación explícita de control territorial, capacidad de fuego, incidencia social o simbólica en una zona determinada, ejercida por estructuras armadas ilegales — ya sean de origen guerrillero, paramilitar o mixto— que operan en los territorios. Esta presencia puede expresarse mediante confrontaciones armadas, ataques, homicidios selectivos, amenazas, extorsiones, secuestros y reclutamientos, pero también a través de prácticas simbólicas como panfletos, grafitis, control de movilidad, distribución de víveres o la imposición de normas sociales.

Criterios para establecer la presencia armada

Los criterios que guiaron la matriz de presencia incluyen:

1. Hechos violentos adjudicados públicamente, en los que se reconozca o evidencie responsabilidad de un actor armado (ya sea por medio de panfletos, comunicados o señalamiento directo de la comunidad), especialmente cuando hay afectación directa a población civil, líderes sociales o fuerza pública.
2. Denuncias comunitarias, formuladas por líderes sociales, campesinos o defensores de derechos humanos sobre situaciones de combate, amenazas, desplazamientos o restricciones de movilidad en zonas rurales y de frontera.
3. Pronunciamientos de organizaciones e instituciones investigadoras, como la Defensoría del Pueblo, OCHA, INDEPAZ, FIP o PARES, que documenten presencia y dinámicas territoriales con base en trabajo de campo, monitoreo o georreferenciación.
4. Material gráfico o simbólico en espacio público, como grafitis, retenes armados, panfletos o actos de propaganda que den cuenta de un ejercicio de control territorial.

El informe de INDEPAZ titulado “La arremetida del ELN en el Catatumbo: ¿signo de fortaleza o de debilidad?” plantea que, pese a ser el grupo con mayor presencia en la región, el ELN ha incrementado su accionar armado como reacción a su debilitamiento en otras zonas del país. Esta expansión se traduce en una ofensiva violenta con consecuencias atroces: según cifras del PMU (marzo de 2025), se reportaron 55.600 personas desplazadas, 76 homicidios (incluidos 6 firmantes del Acuerdo de Paz) y 23.860 personas confinadas.

Por otro lado, el informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre el Clan del Golfo señala que el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha intensificado su presencia en regiones clave del país como el Caribe, el Pacífico y zonas del nororiente, incluido el Catatumbo. Esta expansión responde a una estrategia de alianzas operativas con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, con el objetivo de contrarrestar la hegemonía territorial del ELN en el Catatumbo.

Análisis de la matriz de presencia 2025

Con base en la matriz de hechos y actores armados construida por Sin Olvido a partir de 52 registros sistematizados en medios nacionales y regionales durante el primer trimestre de 2025, se evidencian las siguientes dinámicas:

• El ELN mantiene su dominio en 10 municipios, con especial presencia en Tibú, Sardinata y Hacarí, donde ejerce control sobre corredores estratégicos de narcotráfico y tránsito fronterizo.
• Las disidencias del Frente 33 mantienen actividades en Tibú, El Tarra y Convención, donde han sido identificadas disputas con el ELN y acciones de propaganda armada.
• El Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) aparece vinculado a operaciones encubiertas y alianzas con las disidencias en al menos cuatro registros en Tibú y zonas rurales de El Carmen.
• Se detectan enfrentamientos armados recurrentes entre ELN y disidencias en zonas rurales y cabeceras municipales, especialmente durante enero y febrero de 2025.
• Las afectaciones a la población civil incluyen desplazamientos forzados masivos, confinamientos, amenazas a líderes comunales y restricciones de movilidad impuestas por los grupos en disputa.

Estado de conmoción y Pacto Catatumbo

El estado de conmoción interior es un mecanismo excepcional contemplado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia y regulado por la Ley Estatutaria 137 de 1994. Esta figura otorga al Gobierno facultades extraordinarias para tomar decisiones unilaterales ante situaciones que amenacen gravemente el orden público o la estabilidad institucional. Entre estas facultades se incluye la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley, los cuales pueden ser transitorios o permanentes. Este mecanismo es heredero de los antiguos estados de sitio previstos en la Constitución de 1886.

Durante la vigencia del estado de conmoción, se restringen derechos fundamentales como la libre reunión, la movilidad y la circulación, mediante medidas como toques de queda o restricciones al tránsito, con el fin de evitar colaboraciones con actores armados ilegales.

El investigador Tobón ha documentado los impactos negativos que han tenido anteriores estados de excepción sobre los derechos humanos. En particular, señala el caso del año 2002, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe decretó la conmoción interior en zonas rurales del país. Ese periodo estuvo marcado por la modernización de la capacidad bélica del Estado, la censura informativa y la colaboración con estructuras paramilitares, lo que derivó en un aumento significativo del número de víctimas del conflicto armado.

En 2025, el Catatumbo continúa siendo uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia. La región enfrenta una agudizada disputa territorial entre el ELN, el Frente 33 —perteneciente al Estado Mayor de Frentes y Bloques (EMFB)— y el Clan del Golfo. Esta confrontación pone en grave riesgo a las comunidades rurales y compromete la viabilidad de cualquier proceso de paz o desescalamiento territorial. Aunque el Frente 33 mantiene aún canales de comunicación con el Gobierno, recientemente se habría alcanzado un acuerdo para establecer una zona de paz en la zona rural del municipio de Tibú.

Como respuesta, el Gobierno ha planteado una doble estrategia: por un lado, la declaratoria de conmoción interior para reforzar el control institucional; y por otro, la implementación del Pacto Catatumbo, un programa que contempla inversiones en infraestructura, mejoramiento de la calidad de vida y fomento de la economía regional.

El Pacto Catatumbo es una estrategia integral impulsada por el Gobierno colombiano para abordar de forma estructural las múltiples problemáticas que afectan esta región históricamente golpeada por el conflicto armado, el abandono estatal y la economía ilícita. Es un plan de intervención amplio que busca articular seguridad, desarrollo social y fortalecimiento institucional.

El objetivo es estabilizar el territorio mediante inversiones públicas que mejoren las condiciones de vida, promuevan alternativas económicas legales, fortalezcan la presencia del Estado y permitan avanzar en procesos de paz territorial.

El Plan Catatumbo tiene los siguientes 5 componentes claves para la inversión:

• Infraestructura (vías, servicios públicos, conectividad).
  
• Desarrollo rural y acceso a tierras productivas.
  
• Educación, salud y empleo digno.
  
• Sustitución de economías ilícitas.
  
• Participación comunitaria y fortalecimiento institucional.

Aunque el plan ha permitido avances en inversión social y diálogo con algunas estructuras armadas (como el Frente 33 del EMFB), su implementación enfrenta grandes retos por la persistente violencia, la disputa territorial entre actores armados y la débil capacidad institucional local. El impacto ha sido desigual entre municipios y sectores sociales, y muchas comunidades reclaman mayor inclusión y garantías reales de seguridad.

El 17 de abril el presidente emitió el decreto 0448 del 17 de abril de 2025 donde ordenó a la Fuerza Pública suspender ataques contra cuatro grupos que hacen parte del estado mayor de bloques y frentes (EMBF), el Estado Mayor de los Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes de las FARCEP (EMBF). Con vigencia hasta el 18 de mayo de 2025.

“La suspensión temporal de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de policía en contra del citado grupo armado organizado al margen de la ley, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad y logísticas necesarias para avanzar en el preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte del EMBF, en la Región del Catatumbo, al igual que el avance en la construcción de condiciones para que el restante de los Bloques y frentes del EMBF transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz. (…)”

Este 03 de mayo del año en curso, el presidente anunció por X, que el agrupamiento será en Tibú, en la región del Catatumbo, en aras de una agrupamiento de combatientes y armas, para su posterior dejación. 

Posibles Resultados del Agrupamiento

1. Avance hacia la Desmovilización:

El agrupamiento podría facilitar la transición del Frente 33 hacia la vida civil, permitiendo la entrega de armas y la participación en programas de reincorporación. Este proceso es similar al que ya ha visto la desmovilización de 63 integrantes del Frente 33 en Tibú, quienes entregaron un arsenal significativo .

2. Riesgo de Reorganización Militar:

Sin embargo, existe el riesgo de que el agrupamiento sea utilizado por el Frente 33 para reorganizarse militarmente y fortalecer su posición frente al ELN. Informes indican que el Frente 33 ha buscado apoyo de otras estructuras del EMC en el sur de Bolívar y Antioquia, lo que podría intensificar el conflicto en la región .

3. Impacto en la Seguridad Regional:

El proceso de agrupamiento también podría afectar la seguridad en el Catatumbo. Mientras el Gobierno se enfoca en las disidencias de las FARC, el ELN ha ganado terreno en la región, aprovechando la situación para fortalecer su control territorial y su influencia sobre las comunidades locales

En conclusión, el Catatumbo continúa siendo un epicentro crítico de la conflictividad armada en Colombia, donde convergen dinámicas de violencia multiactor, disputas territoriales estratégicas y una grave crisis humanitaria. La presencia simultánea del ELN, las disidencias del Frente 33 y el Clan del Golfo configura un escenario de guerra prolongada, que afecta de manera desproporcionada a la población civil. Aunque el Gobierno ha desplegado una estrategia dual —la declaratoria del estado de conmoción interior y la implementación del Pacto Catatumbo—, los resultados aún son inciertos frente a la persistencia del conflicto y la débil capacidad institucional local. El reciente agrupamiento del Frente 33 en Tibú representa una oportunidad para avanzar hacia la desmovilización, pero también un riesgo latente de reconfiguración armada. En este contexto, cualquier camino hacia la paz territorial debe partir del reconocimiento real de las disputas locales, el fortalecimiento del Estado en clave civil y social, y la inclusión efectiva de las comunidades campesinas como actores centrales de la estabilización y la reconciliación en la región.