En los últimos años, el departamento del Guaviare ha mantenido una compleja dinámica de expansión y transformación de los cultivos de coca, especialmente en el municipio de Miraflores. Aunque las cifras muestran una estabilización relativa en comparación con los picos históricos de inicios del 2000, persisten desafíos críticos. La disminución generalizada de cultivos de coca a partir de 2016 puede explicarse por la implementación de estrategias de erradicación y programas de sustitución, así como por el impacto de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Sin embargo, en áreas específicas, como en las proximidades de resguardos indígenas y zonas protegidas, se ha observado un desplazamiento y reubicación de cultivos, lo que ha intensificado la deforestación en ecosistemas estratégicos. De hecho, la relación entre la expansión cocalera y la pérdida de bosque es clara, ya que la apertura de nuevas áreas sembradas no solo amplía la frontera agrícola, sino que también facilita la posterior consolidación de actividades como la ganadería extensiva.
En este contexto, el departamento refleja un patrón donde los motores de deforestación interactúan de manera interrelacionada. El fenómeno de la «praderización» es una prueba de esta interrelación, en la cual terrenos deforestados inicialmente para cultivos de coca son luego convertidos en pastizales para ganadería – especialmente, extensiva –, profundizando la transformación no solo del uso del suelo, sino del territorio[1]. A esto se suma la caída en los precios de la pasta base de coca entre 2022 y 2023 que, aunque ha reducido su rentabilidad, no ha significado una disminución drástica en las áreas sembradas, especialmente en zonas de difícil acceso y en territorios indígenas.
Entre 2013 y 2021, el Resguardo Nükak Makü perdió 18.000 ha. de bosque, consolidándose como uno de los territorios indígenas más afectados por la deforestación en Colombia. La ampliación de la frontera de colonización en estos territorios no solo conlleva a la pérdida del bosque, sino ha ocasionado diversas reconfiguraciones territoriales que, siguiendo a Mahecha y Franky, “inciden en los demás aspectos de aspectos de su vida, como en las actividades de subsistencia, la organización social, las relaciones interétnicas o la cosmovisión” (Mahecha & Franky, 2022), puesto que la presión económica sobre comunidades campesinas e indígenas, junto con la presencia de actores ilegales, perpetua la producción de coca como fuente de sustento, a pesar de los riesgos ambientales y sociales.
[1] El territorio no es un espacio físico contenedor de objetos que está estrechamente relacionado a los límites político-administrativos. Este es un espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder que está compuesto por dos dimensiones íntimamente relacionadas: material y simbólica, en donde las experiencias y apropiaciones individuales y colectivas del espacio acentúan los significados del territorio, materializándose a través de las existencias cotidianas de las personas.